ACUERDO DE CONCEJO Nº 022-2021/MDC Y EL ABUSO DE CONFIANZA

 

Cuando en julio de 2021 el Concejo Municipal de Comas aprobó el acuerdo de marras con el voto unánime de los quince regidores y sin el respectivo informe sustentatorio de la subgerencia de serenazgo, semejante hecho debió encender las alarmas de alerta roja entre la población y luego teníamos la parte en la que el acuerdo tomaba para sí una parte de la OM Nº638-MML junto a su DA Nº003 y le daba el encargo “Que, el Decreto de Alcaldía N° 003-2016-MML, aprueba el Reglamento de la Ordenanza N°638-MML, cuyo artículo 24°, numeral 4, establece la implementación de la Unidades Especializadas de Serenazgo, personal con instrucción y entrenamiento especializado en diversas técnicas de seguridad ciudadana o afines, que cumplan labores especificas adicionales a las funciones básicas del serenazgo;” Esta parte del acuerdo de concejo nunca ha sido cumplido por los integrantes del nefasto comando y obvio que menos aún por su jefe, el subgerente de serenazgo de Comas, William Valladares Escobedo, ya que en todo momento estas personas han actuado como si sus funciones fueran paralelas o tuvieran las mismas funciones o facultades de la PNP.  

Anónimo18 de abril de 2022, 14:29

por suerte y por el esfuerzo del Dr Valladares y del Dr Diaz nosotros ya vamos a tener nuestra centralita. es un avance para nuestras labores de inteligencia, ya estamos reconocidos por los regidores y el pueblo nos respalda. ahora podemos escuchar las llamadas telefonicas y aprovecharemos para averiguar de este nenergumneno.

Anónimo18 de abril de 2022, 14:52

El señor Burmester o Cutramester pregunta: "Circula un rumor en fuentes policiales comeñas que indigna sobremanera a todos los que saben de esta infamia y abuso de poder de parte del alcalde de Comas y cuando no el jefe Valladares, los rumores dicen que un policía se atrevió a multar a las camionetas del serenazgo por no contar con SOAT, los choferes manejaban con brevetes particulares y no los profesionales que manda la ley, conversar por celular en pleno manejo y otras infracciones..." "........al reglamento nacional de tránsito, ¿saben qué ha pasado con el policía que se atrevió a cumplir con el reglamento? por ordenes superiores ha sido cambiado de colocación a Lima......", SÍ SEÑOR, EN EFECTO. ESTA BIEN LO QUE USTED DICE. ES LO QUE LE SUCEDE A UN TOMBO FALTOSO QUE INTERRUMPE NUESTRAS LABORES DE PATRULLAJE Y VIGILANCIA, QUE NO COLABORA CON LA SEGURIDAD CIUDADANA. Un polic que no comprende los gajes del oficio que justo estabamos por chapar a un piraña pero nos detiene el maldito y perdimos al piraña. Ya le habiamos dicho tio, el jefe Valladares no es de aguantar vainas, es retirado tiene años de experiencia y tiene contactos y todo para favor del distrito mi estimado soplon. Ahi ta tu rumor, ya lo comprobaste.

Aquí tenemos dos comentarios anónimos del ejercito de troles creados por el Jefe Valladares para según él “demoler” a sus críticos, ambos comentarios coinciden en mostrarnos a tipejos empoderados por la falsa creencia de que su accionar es legal al usurpar labores netamente policiales, “labores de inteligencia” y estas frases que demuestran un total desprecio por el estado de derecho, “es lo que le sucede a un tombo faltoso que interrumpe nuestras labores de patrullaje y vigilancia”, además de la amenaza de que próximamente por suerte y por el esfuerzo de los “doctores” Díaz y Valladares contarían con una centralita de escuchas o interceptaciones telefónicas ilegales. Si todos estos comentarios le agregamos un hecho cierto como la suspensión o paralización de la investigación policial sobre las identidades de estos “comandos especializados” tucuy ricuy por “ordenes” superiores y una presión política no confirmada pero si sospechada podríamos tener entre manos un experimento chavista del ejecutivo o simplemente un abuso de poder del corrupto y nefasto alcalde de Comas y su servil subordinado que funge ilegalmente de subgerente de serenazgo, hecho por el que se encuentra denunciado e investigado por la fiscalía anticorrupción por aceptación indebida de cargo, vale recordar que los responsables de este desaguisado son los regidores firmantes del acuerdo de concejo Nº022-2021-SGS-GSC/MDC y nadie más, ahora el uso y abuso de este acuerdo de concejo ya es otra cosa y toca al concejo investigar qué han hecho o qué están haciendo con su creación.

La ley es clara y precisa en lo tocante a funciones del serenazgo y la seguridad ciudadana, no deja un resquicio por donde un sujeto inescrupuloso pueda sacarle la vuelta a la ley, veamos pues si un acuerdo de concejo puede suplir a la ley y otorgar las funciones policiales exclusivas a los miembros del “comando especializado tucuy ricuy”, “Que, el artículo 41° de la Ley N° 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;”esto pica y bastante, tal vez el concejo municipal comeño intento darle al comando funciones policiales en base a su autonomía municipal, sabemos que la mayoría de regidores de esta inicua y pútrida gestión son poco menos que analfabetos funcionales sin títulos profesionales ni experiencia jurídica pero tampoco los vemos poniendose la soga al cuello ellos solos y pagar pato penalmente por los actos de usurpación de funciones de los comandos que ni siquiera son legalmente serenos al ser locadores de servicios o terceros.

Queremos terminar señalando que desde el inicio de esta absurda pretensión de los tucuy ricuy con la venia de su jefe Valladares de negarse a ser identificados por personal de la PNP con la solicitudes expresadas en los oficios de fechas 31 enero y 8 de febrero de 2022 dirigidas por el DEPINCRI COMAS a la subgerencia de serenazgo de Comas y contestadas con oficio Nº166-2022-SGS-GSC/MDC:

En el Oficio Nº 166-2022-SGS-GSC/MDC, de fecha 11/02/2022, y notificado el 14/02/2022, el My. (r) William Valladares Escobedo, comunica al DEPINCRI, las condiciones previas para brindar la información solicitada por la dependencia policial, remitiéndose, como fundamento de su pretensión, a normas que protegen o establecen el derecho de petición de los particulares (“art. 2 Inc. 20 de la Constitución Política del Estado, Art. 106 de la Ley General de Procedimientos Administrativos Nº 27444, y la Ley Nº 27806 de Acceso a la Información Pública”).

Pero el designado Gerente de Seguridad Ciudadana y encargado Subgerente de Serenazgo de Comas cuando niega información no protegida por la ley a otra dependencia del estado y pretende poner condiciones al acceso a esta, olvida que es un funcionario público y que tiene obligaciones legales que públicamente se niega a cumplir. También se olvida, o no sabe, que no actúa en la condición de ciudadano y que las normas que cita establecen, entre otras, el derecho ciudadano a la petición (que este último ejerce en oposición al estado), y que por tanto no es aplicable en la relación entre dependencias del estado. Y también se olvida, o no sabe, que en su condición de funcionario público se encuentra obligado a compartir información con otras dependencias del estado, en lo que la legislación ha convenido en llamar “Colaboración entre entidades” (Art. 87º  del TUO de la Ley 27444), que ordena que: “87.2 En atención al criterio de colaboración las entidades deben: … 87.2.2 Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, …”.

La proporción de información no es una potestad ni un favor ni una concesión graciosa, es una obligación (“deben…”) como es clarísimo, también, el procedimiento establecido con el objeto de materializar la obligación señalada de: “Proporcionar directamente los datos e información que posean…”.

Era obvio que ante esta negativa infantil o quizás no de Valladares Escobedo alguien tenía que exigir el cumplimiento de la ley y quien mejor que una de las firmantes del malhadado acuerdo de concejo, la regidora Roxana Ari Acuña, una mujer y regidora consciente de sus atribuciones de fiscalizadora fortalecidas con la reciente dación de la ley 31433 que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades (27972) en 6 artículos entren ellos el de fiscalización, el mismo que ahora personaliza y castiga con denuncia penal al funcionario público que niegue información a los regidores en su labor constitucional de fiscalización, ¿se nos olvidó algo señores? Piña pues.