ADIOS AL ABUSO, APRUEBAN LEY 4952

LA “LEY QUE MODIFICA LA LEY 28976 -LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA REGULAR LOS SUPUESTOS DE CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS”, POR FIN ES UNA REALIDAD.

Se inicia el fin de los abusos de las municipalidades y la amenaza permanente de cierre y extorsión a los negocios en el país.

El abuso extorsivo de las mafias enquistadas en la Municipalidad de Comas, con las Subgerencias de Licencias, de Fiscalización y de Defensa Civil, también ha recibido un duro golpe.

En la mañana del jueves 5 de octubre, el Pleno del Congreso aprobó por un amplio margen, el Proyecto de Ley N° 4952, con 86 votos a favor, 22 en contra y nueve abstenciones.

 

Este ha sido un largo camino, que aún no termina, iniciado por el finado ex congresista Nano Guerra García, quien hizo suya la lucha de miles de pequeños emprendimientos y de comerciantes que día a día sufren el embate de hordas de supuestos fiscalizadores municipales que por los motivos más inverosímiles clausuran locales comerciales dejando a diario miles de puestos de trabajo en suspenso o perdidos. Un proyecto que, este último 19 de septiembre, contó con el apoyo de tres gremios que publicaron un recuento de la pérdida de dinero que les supone el abuso de la autoridad municipal, con un comunicado firmado por la Asociación Empresarial Gamarra Perú (AEGP), la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) y la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN).

No solo se han enfrentado contra la nefasta pandemia del Covid, son víctimas de extorsionadores venezolanos del tren de Aragua, del gota a gota, de bandas de asaltantes, y por si fuera poco, tienen que soportar la indolencia de malas autoridades municipales que a lo largo de todo el país se han puesto de acuerdo para cerrar miles de negocios cada día con el cuento de la fiscalización, y de la recuperación del “principio de autoridad”.

Numerosos gremios de todo el Perú, especialmente los empresarios de Gamarra y el Comex, Bodegueros, Panaderos junto a otros gremios, y porque no señalar también a valientes empresarios del distrito de Comas en Lima, se han dirigido al Congreso de la República, a las Comisiones de Constitución, de Descentralización y Gobiernos Locales en repetidas oportunidades clamando por el fin de la extorsión de las autoridades municipales, aportando con sus casos, a desentrañar el modus operandi de las mafias y de verdaderas organizaciones criminales que desde los gobiernos locales, asaltan al pequeño y mediano emprendedor con numerosas barreras burocráticas ilegales y la exigencia de requisitos no establecidos en el TUPA de sus propias entidades, desconociendo sus derechos al debido proceso, a la predictibilidad, a la aprobación automática y el silencio administrativo positivo de pretensiones perfectamente ajustadas al derecho, que niegan la emisión de los títulos habilitantes cuyas solicitudes cuentan con todos los requisitos de ley, que niegan el acceso a sus solicitudes, que en muchos municipios, como en el distrito de Comas, han llegado al extremo de prolongar por meses las clausuras de los establecimientos en actos por demás abusivos a pesar de haberse subsanado las infracciones o efectuados los descargos correspondientes, llegando al colmo delictivo de la reiterada e impune usurpación de funciones y de cambiar ilegalmente la ITSE posterior para tramites de licencias a establecimientos con riesgo bajo y medio (así lo ordena la ley) por una ilegal ITSE previa para estos mismos casos… Llegando al extremo del uso ilegal de contratados por locación de servicios para labores de fiscalización o de naturaleza permanente, los mismo que salen de sus centros de mando exclusivamente para imponer clausuras, y así un sinfín de nuevas modalidades abusivas y delictivas que han convertido a las municipalidades en reales escuelas del delito y a sus alcaldes y sus funcionarios en bandas que asolan sus distritos… y que compiten con otras organizaciones criminales del país.

Por eso, alegra este proyecto aprobado, y que solo espera la rúbrica y publicación, o la insistencia congresal, a pesar de la chirria de muchos malos alcaldes, a los que como en el distrito de Comas, se les acaba el uso abusivo de las multas - clausuras y la caja chica. 

Las modificaciones e incorporaciones normativas efectuadas a la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento son numerosas, pero resaltan las siguientes:

La incorporación de las definiciones de Clausura, Clausura definitiva, Clausura temporal, y de Riesgo inminente, con los nuevos literales m), n), ñ), y o) en el Artículo 2 de la Ley 28976, como conceptos que acaban con la abusiva discrecionalidad municipal y que colocan exclusivamente el riesgo que pueda causar la muerte, o una lesión grave, o daño grave a la propiedad, como las únicas razones válidas de la clausura de un establecimiento comercial, eliminando con ello las clausuras por razones de incumplimiento de normas de carácter administrativo, o inverosímiles como la falta de alguna señalética o de un sticker en la caja de luz, por carecer de carnet de sanidad, etc., en general, “faltas” menores y claramente subsanables.

La incorporación del nuevo Título III con sus artículos 19, 20, 21, y 22 a la Ley 28976, que, por primera vez definen, los únicos supuestos legales de procedencia e improcedencia de la clausura, y el procedimiento de clausura temporal, etc.

Que obligan a la autoridad municipal a grabar su intervención (incorpora este extremo, y aunque no lo dice textualmente es claro que también puede ser aportado por el administrado como pieza procesal), lo que pone fin a las Actas de Fiscalización y Notificaciones maliciosamente llenadas.

Que obliga a la emisión y notificación inmediata del Acta de Clausura en cuyo defecto la clausura queda sin efecto, quedando proscritas las “visitas inopinadas” que permitían una segunda visita de los extorsionadores (o autoridades municipales) para imponer un “arreglo” bajo la mesa.

Que acaba con la Multa y Clausura simultánea, ya que se establece que la “clausura temporal es incompatible con la imposición de una multa por los mismos hechos que motivaron su imposición, bajo responsabilidad”, en una tacita prohibición de la ilegal imposición de dos-sanciones simultaneas: la multa y la clausura (disfrazada de medida correctiva o provisional o como se le quiera llamar), y prohibiendo el pago de la multa, como condición para el levantamiento de la clausura temporal, es decir eliminando de un plumazo, la fiscalización como otra forma de abusiva recaudación municipal.

Se acabaron las eternas clausuras, como en el caso de la Clínica Santa Luzmila en Comas, y otros tantos casos de ilegal abuso en el distrito de Comas, y los caseritos de las hordas de fiscalizadores y de funcionarios corruptos, porque la nueva norma ordena que esta medida se levante de manera AUTOMÁTICA, ósea que queda sin efecto, a las 48 horas de la subsanación siempre que la autoridad no haya comunicado sus observaciones.

Y la mejor noticia para empresarios y emprendedores afectados por fiscalizadores, funcionarios y alcaldes de las municipalidades, y como no podía ser de otra manera, y a diferencia de otras leyes, esta nueva norma ordena que los actuales procesos de clausura se tramiten con la nueva ley aprobada, ósea que las últimas víctimas que aún se encuentran en manos del abuso y corrupción municipal, van a salir con buen pie burlando el cerco corrupto de las organizaciones criminales que se han apoderado de la mayoría de municipalidades del Perú.

¿Cómo les quedó el ojo a los alcaldes abusivos y coimeros…?

Por último, la cereza de la torta, se acabaron las observaciones de falta de legitimidad para obrar, artificio usado por toda administración municipal abusiva y corrupta, para evitar pronunciarse sobre infracciones a la ley, con la incorporación del numeral 21.4 al Artículo 21 del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, que ordena la capacidad de toda persona para denunciar barreras burocráticas, sin necesidad de ser afectada directa o indirectamente por las barreras burocráticas denunciadas, bastando para ello indicarlo en su denuncia, lo que abre una puerta de protección a miles de emprendedores y empresarios afectados por el abuso municipal, temerosos de la venganza de las “autoridades” ediles que, como en el distrito de Comas, siempre andan atentas al “principio de autoridad” y dispuestas a la persecución abusiva de los ciudadanos que osan defender sus derechos.

La lucha ha sido larga, los alcaldes están que lloran porque se les acaba la clausura como herramienta de abuso y extorsión...

Atentamente

Salomón Márquez